Canalizar más presupuesto para combatir las causas de delitos en entidades federativas

 La presidenta de la Comisión de Seguridad Pública, Juanita Guerra Mena (Morena), sostuvo que es fundamental y necesario que el Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020, canalice recursos necesarios que combatan las causas de los delitos que aquejan a las entidades federativas.

Durante una reunión de trabajo con Leonel Cota Montaño, secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, para analizar el proyecto del presupuesto, la diputada puntualizó: es relevante conocer las necesidades financieras y operativas de la institución, así como adecuar el marco jurídico para que el dinero asignado se ejerza con eficacia.

Afirmó que el PEF-2020 es histórico, austero y eficaz porque se trata de un presupuesto distribuido entre nuevos actores en la administración pública como la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

Guerra Mena expresó que hay entidades de la República que tienen subejercicios en el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP), recursos que la Ley de Disciplina Financiera obliga a reintegrarlos a la Tesofe, y al no ejercerse generan huecos presupuestales.

“Es valiosa la participación del secretariado Ejecutivo porque nos gustaría conocer cuáles son los obstáculos a los que las entidades federativas se enfrentan en el ejercicio de estos recursos, y por qué en algunos casos, lo ejercen los últimos trimestres del año”.

Es una asignatura obligada profesionalizar, capacitar y dignificar a los policías; es importante esclarecer el rumbo del FAPS, porque este fondo se utiliza para mejorar equipamiento, establecer y operar bases de datos criminalísticos, perfeccionar e impulsar la red de telecomunicaciones e informática, entre muchas otras cosas.

La diputada Carmen Mora García (Morena) consideró necesario destinar un presupuesto a Veracruz, toda vez que es urgente disminuir los índices delictivos. En la actualidad los cobros de piso, extorsiones y secuestros tienen sumergidos en el miedo a la ciudadanía, por lo que preguntó a partir de cuándo la Guardia Nacional tomará las riendas de la seguridad en los estados y municipios.

Por el PT, el diputado Alfredo Porras Domínguez mencionó que es necesario fortalecer la relación estados, municipios, Guardia Nacional para olvidar el discurso de las culpas por uno de soluciones.

El diputado José Ángel Pérez Hernández (PES) señaló que ven con mucha esperanza que se tome en cuenta los problemas de las policías municipales respecto al control de confianza; pidió detallar este proceso. “Si queremos aumentar los elementos de seguridad es fundamental fortalecer el sistema de evaluación y supervisar el 911, porque desde su operación la respuesta estatal y municipal se han alentado.

La diputada María Guillermina Alvarado Moreno (Morena) pidió al funcionario buscar mecanismos para que en el Programa de Fortalecimiento para la Seguridad (Fortaseg) sea apremiante que quienes lo ejercen lo hagan correctamente, porque estos recursos eran ocupados para la contratación de más elementos de seguridad, y ahora sin este apoyo, ya no tienen para pagarles.

En representación de MC, la diputada Carmen Julia Prudencio González dijo que la austeridad no debe aplicar en el tema de seguridad, es preciso reforzar los cuerpos de seguridad pública en el ámbito estatal y municipal. Solicitó explicar qué se ha hecho con los subejercicios en este ámbito.

El panista Jorge Arturo Espadas Galván coincidió en que es fundamental el fortalecimiento de las corporaciones estatales y municipales, ya que el 95 por ciento de los delitos son del fuero común. Ante esto, cuál es la estrategia que propone el Secretario Ejecutivo, toda vez que el Fortaseg viene a la baja, pues de cinco pasó a tres millones de pesos y “eso yo no veo cómo pueda fortalecer las capacidades de las policías municipales”.

Por su parte, la diputada María Guadalupe Román Ávila (Morena) apuntó que el país se dividió en 266 regiones, qué posibilidad hay que en el presupuesto se asigne a estas localidades en parte proporcional, pues hay lugares donde sólo hay una patrulla y 20 policías. “Se debe evitar el efecto cuchara; es decir, que una zona se refuerce y otras queden en desamparo”. También pidió que se explicará quién es el encargado de supervisar la calidad y precio de las compras consolidadas.

En tanto, la diputada del PAN, Adriana Dávila Fernández planteó que la reforma constitucional que permitió la creación de la Guardia Nacional es para que el problema de seguridad se resuelva; es decir, hoy como gobierno tiene el aparato para combatir los actos delictivos; sin embargo, hay un subejercicio importante; por ejemplo, en el rubro de Sistema Nacional de Información para la Seguridad Publica sólo se han aplicado 191.9 de mil 485 millones de pesos.

La diputada priista, Irma María Terán Villalobos señaló que el incremento de migrantes que llegan a la frontera sur con el objetivo de ir a Estados Unidos, ha ocasionado que el gobierno federal utilice a la Guardia Nacional para realizar tareas de seguridad; solicitó que en el presupuesto se dé prioridad a los fondos municipales y fronterizos que ayudan a combatir la problemática migratoria y garantizar la salvaguarda de la ciudadanía.

Por el PAN, la diputada María Del Rosario Guzmán Avilés interrogó al funcionario federal respecto a que programa existe para reacondicionar las cámaras de seguridad. Resaltó que cambiar los criterios para la asignación de los fondos es pertinente, toda vez que se impulsa la labor de prevención.

El diputado Moisés Ignacio Mier Velazco (Morena), reconoció que el presupuesto de seguridad de 2000 a la fecha ha crecido más del 65 por ciento, los delitos del fuero común y federal en más del 15 por ciento en su conjunto y 300 por ciento en algunos. Resaltó que de los 33 millones de delitos corresponde a la procuración de justicia estatal y local; no obstante, el secretariado debe ser el eje de la coordinación entre los tres órdenes de gobierno.

La panista Dulce Alejandra García Morlan preguntó sobre el avance porcentual de la certificación única policial, toda vez que ya se cumplió con el plazo de su realización y si existe una estrategia por parte del secretariado ejecutivo para incorporar a los municipios de usos y costumbres, donde no hay una figura de policía, a fin de que estos accedan a recursos para la seguridad.

Por el PES, la diputada Esmeralda de los Ángeles Moreno Medina se congratuló de la estrategia implantada por el gobierno federal para la contratación de policías locales, pero pidió que éstos reciban capacitación y adiestramiento y se garantice la perspectiva de género en delitos de feminicidio, violencia sexual, lesiones, entre otros. “Sabemos que hay una crisis de incapacidad de los ministerios públicos, pero es importante destinar los recursos suficientes para que den buenos resultados y no que los delincuentes sigan en la calle”.

El secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Leonel Cota Montaño, dijo que urge reconformar un nuevo modelo de seguridad, debido a que cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), indican que en 2018 hubo 33 millones de delitos en el país, de los cuales, 95 por ciento siguen en la impunidad.

Adelantó que la iniciativa que plantea un nuevo modelo de policía y justicia cívica tiene el fin de impulsar que las corporaciones locales tengan capacidad de investigación “que la policía municipal, estatal y la Guardia Nacional, tengan una instancia de primera investigación para que los conflictos se resuelvan en el lugar donde se generen”.

Asimismo, informó que en este nuevo modelo se contempla la recepción de denuncias, el sistema de evaluación de resultados, la profesionalización y la mejoría en las condiciones laborales y económicas.

“Esta es una reforma importante que se impulsará para el 2020 y espero que en la reunión que tengamos con el Consejo Nacional de Seguridad Pública, podamos acordar la orientación de los recursos para financiar este nuevo modelo”.

Todo lo que tenga que ver con policía y corporaciones estará sustentada en la propuesta del secretariado al Consejo Nacional para hacer factible que no sólo sea un nuevo modelo en teoría sino en la capacidad de financiar desde los recursos federales el mejoramiento de las corporaciones locales en todo el país.

Establecer un nuevo modelo parte de darle importancia y poder a las corporaciones policiacas locales. “Según Inegi, 95 por ciento de los delitos corresponden al fuero común, lo que significa que son responsabilidad de los estados y de los municipios, por lo que se tiene que lograr una estrategia que conforme el cuerpo de seguridad local”.

Detalló que se está considerando que todos los fondos de seguridad que autorice el Congreso, se dediquen primero a tener un estado de fuerza óptimo. Agregó que, de dos mil 463 municipios, dos mil tienen menos de 50 policías; para ser exactos, subrayó, 600 municipios tienen cero elementos de seguridad. De cero a 15, más de 900 municipios, de 15 a 35 más de 300 y de 25 a 50 alrededor de 300.

Para tener capacidad de operación y resultados se requieren por lo menos tres policías por cada mil habitantes y 300 por cada cien mil. “Obviamente, muy difícilmente la policía estatal podrá sustituir al nuevo modelo de policía, sólo lo podrán cubrir los gobiernos municipales, por ello planteamos recuperar el primer nivel de gobierno en materia de seguridad a fin de conformar elementos suficientes”.

Con el objetivo de romper círculos viciosos, se plantea que los recursos federales se utilicen para contratar nuevos elementos para todas las corporaciones locales y para liquidar a quienes no cumplen con las normas que se requieren para pertenecer a estos cuerpos, como los exámenes de control y confianza.

Puntualizó que el país se enfrenta al grave problema de capacidad de investigar delitos. “Tenemos un registro de 6 mil 473 ministerios públicos, y para 33 millones de delitos, se entiende que hay conflicto de crisis debido a problemas de corrupción e incapacidad operativa de los ministerios públicos”.

A partir de la creación de la Guardia Nacional se están redirigiendo recursos con el fin de tener una instancia con capacidad de operación; además, de 18 mil elementos en activo que tenía la policía federal, el objetivo es llegar, en dos años a 150 mil, lo que significa canalizar presupuesto para poder operar la principal estrategia del gobierno federal.

Sobre los programas FASP y Fortaseg dijo que la bolsa de recursos asignada a éstos partirá de las fórmulas establecidas por el Inegi, en el sentido de que se canalizará la parte principal a los estados con mayores problemas de seguridad.

“El criterio de población es inamovible, lo que se establecerá es qué porcentaje se dará a la fórmula para incluir a municipios que no han sido incluidos”.

Del Fortamun (fondo de aportaciones para el fortalecimiento de los municipios y de las demarcaciones territoriales) informó que el Consejo Nacional aprobó para 2020 asignar, cuando menos el 50 por ciento de estos recursos al ramo de Seguridad. “Vamos a pedirle a la Secretaría de Hacienda que establezca este criterio a fin de contar con recursos suficientes para corporaciones y policías”.

Respecto al número telefónico de emergencia 911, Leonel Cota Montaño externó que pese a que 85 por ciento de llamadas son falsas se ha consolidado bien. Evaluaciones realizadas señalan que de 36 millones de llamadas, por lo menos 7 millones son ciertas, lo que refleja la importancia de este número.

El tema de las cámaras de seguridad es un tema del país, por lo que se trabaja en un programa de revisión; primero para conocer de qué tamaño es el problema de funcionamiento de estos aparatos, en su mayoría se debe al salitre y su inversión es del ámbito federal y por no existir continuidad en el presupuesto se han deteriorado.

“Lo que debemos ver es hasta qué punto es un problema técnico y un problema de estrategia que las cámaras no operen”.

Aseguró que las compras consolidadas tienen un amplio análisis no sólo de precio, sino de calidad. La vigilancia corre a cargo de las secretarías de Defensa Nacional y Marina.

Aclaró que el secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública no tiene funciones en el tema de migración, pero sí la Guardia Nacional, la cual tiene entre sus funciones apoyar en esta labor.

David Pérez Esparza, titular del Centro Nacional de Información, mencionó que el modelo nacional de policía y justicia cívica tiene por objetivo mejorar la forma en que se mide la incidencia delictiva.

Con el proyecto modelo de revisión estadística de las fiscalías se encontró que gran parte de los 33 millones de delitos no se denuncian; “creemos que el 911 puede ser una fuente de inteligencia y una mina de oro si se utiliza bien”. Gran parte de los esfuerzos implementados están encaminados a contar con inteligencia, en tiempo real, sobre todo en las llamadas de emergencia.

Bertha Alcalde, secretaria ejecutiva adjunta, puntualizó que la responsabilidad de implantar el nuevo modelo nacional de policía y justicia cívica es de las autoridades municipales y estatales. “El Secretariado genera las herramientas necesarias en relación con los fondos, pero es importante que haya corresponsabilidad en el tema, sobre todo del financiamiento”.

Reiteró que este modelo incluye un financiamiento en donde el 50 por ciento de recursos del Fortamun debe destinarse a este, “sabemos que todavía no está en la propuesta del PEF, por lo que le toca a la Cámara de Diputados analizar y determinar si es viable ese modelo de financiamiento”. Consideró importante que presidentes municipales utilicen estos fondos para fortalecer a las policías.

Alcalde Luján detalló que en materia de control de confianza las cifras al mes de septiembre son: 35.4 por ciento del personal de seguridad pública, y a en ámbito federal, es del 14 por ciento.

Es importante tomar en cuenta esta última cifra, porque hace un año se tenía el cero por ciento de policías federales, por lo que se ha trabajado a marchas forzadas para que los elementos de la Guardia Nacional y Policía Federal, tengan certificados únicos policiales (CUP).

Enfatizó que los exámenes de control de confianza es uno de los requisitos para obtener el CUP, mientras que el personal que labora en el ámbito de seguridad ha cumplido con este procedimiento.

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